La importancia de la inversión en educación para el desarrollo económico y social de las naciones, estuvo en el sentido común de los hacedores de política hasta finales del siglo XX. Sin embargo, este postulado no se expresó de manera concreta en las acciones de gobierno ya que el volumen de recursos destinados a la educación pública se definió a partir de las prioridades del corto plazo (1). La transición democrática que se inicia con el advenimiento de nuevo milenio plantea el reto de ir construyendo un horizonte más amplio, a partir del diseño de políticas de Estado que incluyan a la educación como factor coadyuvante al desarrollo. El Nuevo escenario El Acuerdo Nacional marca un hito en este sentido, la décimo segunda política de Estado en su literal (i) plantea una meta en cuanto al gasto público en educación se refiere, que si bien es cierto significará un esfuerzo fiscal importante, nos podrá de cara a nuevas responsabilidades como país. Este desafío no sólo alcanza al Estado, si
Asesoría para la formulación de planes programas y proyectos a nivel regional y local.