En la actualidad existe un creciente interés por los temas educativos, más si estos se enfocan desde las necesidades de la sociedad y de los individuos.
La perspectiva que asumen los organismos financieros internacionales (BM y FMI) parte del análisis económico de la educación, es decir, por un lado determinar cuan rentable es individual y socialmente invertir en educación, por otro, cuáles son los costos que genera esta inversión, y lo que es más importante, cómo financiar estos recursos (1).
Si bien es cierto, el actual gobierno asume la posición de priorizar la educación como “motor del desarrollo” esto debería estar reflejado en el volumen de recursos que destina a los centros y programas educativos a nivel nacional.
El análisis nos debe llevar a determinar cual es esta realidad a la luz de la observación de las cifras que se consignan más que en el presupuesto, en la ejecución del gasto público en educación.
Después de la crisis de los ochenta, en el primer lustro de los noventa el gasto público en educación creció de manera importante. El total de recursos que destina el estado a la educación incremento su participación respecto del total de bienes y servicios que produce nuestra economía (PBI), de 2.2% en 1990 a 3.3 en 1995, asimismo, en relación al gasto total del estado (presupuesto general de la república) de 13.3% en 1990 a 21.0% en 1995.
Lo anterior se explica por el mayor dinamismo de la economía, pero de ninguna manera esta asociado al aumento de la calidad, eficiencia y equidad de la educación, y menos aún, con la mejora de la situación remunerativa del docente.
Regresando nuevamente a la observación de las cifras veremos que, el gasto corriente, es decir los gastos por conceptos remunerativos de los trabajadores del sector (docentes y administrativos), además de la adquisición de bienes (material educativo y de oficina), y los gastos en servicios públicos, crecieron tan sólo en 68.3% en términos reales entre 1990 y 1995, mientras que el gasto de capital fundamentalmente, el que se refiere a construcciones escolares realizadas por el INFES, se multiplicó por casi 10 veces.
La evidencia es clara, a este nivel de análisis, la prioridad presupuestal se refleja en las cifras: “mas edificios anaranjados” y poca importancia a la revalorización de la profesión docente.
La inequidad es otra de las características del gasto público en educación. En los departamentos con mayor nivel de pobreza económica y educativa la inversión del estado en educación es relativamente más baja. Este es el caso de Apurímac donde existe un 82.5% de hogares con necesidades básicas insatisfechas, asimismo; el 35.8% de los alumnos de primaria no logran aprobar el año escolar; el 36.9% de pobladores mayores de 15 años manifiestan no saber ni escribir (analfabetos); y, como si fuera poco, los años de escolaridad promedio de la población alcanzan tan sólo 4.6 9 (un poco más del cuarto grado de primaria); a pesar de lo descrito, la inversión publica en educación primaria es de tan sólo 4.1 US$ por alumno al mes, lo que representa el 36% de los que se invierte en el departamento de Moquegua, teniendo en cuenta que en este ámbito las carencias también se dejan sentir.
Es evidente que la insuficiencia de recursos presupuestales tiene un impacto negativo sobre la calidad de la educación en la medida que no es posible la adquisición de material didáctico, textos y guías, papelería y cuadernería; y, útiles escolares para distribuirlos a: alumnos, docentes, aulas y centros educativos.
Una mirada a nivel micro nos da una visión clara de lo que representa la carencia de estos medios. En la USE de San Juan de Miraflores el presupuesto ejecutado en la adquisición de bienes en el presente lustro fue, en promedio, aproximadamente S/.146,000; bajo el supuesto de que todos estos recursos hubieran sido destinados a la adquisición de materiales educativos para los niños matriculados en las escuelas de la jurisdicción, que son alrededor de 20,600 en el nivel primario, tan sólo hubiese correspondido S/. 1.48 per cápita, es decir, apenas se compraría un lápiz y un cuaderno por alumno, que como sabemos es insuficiente, a pesar del aporte de los paquetes escolares distribuidos por CORDELICA.
Otro obstáculo para la mejora de la calidad de la educación – desde nuestro punto de vista el más importante -, es el deterioro de las condiciones laborales y remunerativas del docente. A la fecha (junio de 1998) el salario magisterial puede comprar tan sólo el 30% de lo que compraba en julio de 1990. Esto representa aproximadamente la tercera parte de la canasta básica de consumo. La situación económica obliga a los maestros destinar las horas que deberían dedicar a la preparación de clase y/o capacitación, a buscar opciones laborales distintas a la del magisterio que le permitan financiar parte de la canasta familiar que no cubre el salario magisterial.
¿Cómo explicar, que con tan bajo presupuesto para la educación pública, se alcance el nivel de cobertura casi universal en el nivel primario?
El aporte de las familias es fundamental para responder esta interrogante, éstas asumen directamente los costos de la manutención de sus hijos en las escuelas públicas, solventando las cuotas de las APAFAS, uniformes y libros para sus hijos. Las informaciones nos revelan que del costo total de la educación pública, el 40% lo asumen las familias y el 60% restante el estado, lo que significa que de no existir aporte de las familias, prácticamente habría que cerrar la escuela pública.
Entre los años 1996 y 1997, según informaciones preliminares, se estima que el menor crecimiento de la economía respecto de años anteriores, estaría acompañado de un decrecimiento del gasto público en educación, lo que significa que la situación del sector no a variado significativamente, es más, puede acelerarse su deterioro en el presente año, en la medida que el impacto del fenómeno del niño en nuestra economía se dejara sentir a la hora de asignar el presupuesto entre las diferentes funciones del gobierno.
Es importante tener en cuenta que, en lo fundamental se necesita aumentar el aporte del estado a la educación pública, lo contrario sería hacer más eficiente el gasto, lo que significa concentrar los recursos en la educación básica en detrimento de la universidad pública, o lo que es peor, aplicar una política de “recuperación de costos” lo que en buen castellano quiere decir que, las familias aporten más a la educación pública de lo que, como hemos visto, ya están aportando.
Publicado en: Jornada Pedagógica Nº 58. Instituto de Pedagogía Popular. Lima, julio de 1998
La perspectiva que asumen los organismos financieros internacionales (BM y FMI) parte del análisis económico de la educación, es decir, por un lado determinar cuan rentable es individual y socialmente invertir en educación, por otro, cuáles son los costos que genera esta inversión, y lo que es más importante, cómo financiar estos recursos (1).
Si bien es cierto, el actual gobierno asume la posición de priorizar la educación como “motor del desarrollo” esto debería estar reflejado en el volumen de recursos que destina a los centros y programas educativos a nivel nacional.
El análisis nos debe llevar a determinar cual es esta realidad a la luz de la observación de las cifras que se consignan más que en el presupuesto, en la ejecución del gasto público en educación.
Después de la crisis de los ochenta, en el primer lustro de los noventa el gasto público en educación creció de manera importante. El total de recursos que destina el estado a la educación incremento su participación respecto del total de bienes y servicios que produce nuestra economía (PBI), de 2.2% en 1990 a 3.3 en 1995, asimismo, en relación al gasto total del estado (presupuesto general de la república) de 13.3% en 1990 a 21.0% en 1995.
Lo anterior se explica por el mayor dinamismo de la economía, pero de ninguna manera esta asociado al aumento de la calidad, eficiencia y equidad de la educación, y menos aún, con la mejora de la situación remunerativa del docente.
Regresando nuevamente a la observación de las cifras veremos que, el gasto corriente, es decir los gastos por conceptos remunerativos de los trabajadores del sector (docentes y administrativos), además de la adquisición de bienes (material educativo y de oficina), y los gastos en servicios públicos, crecieron tan sólo en 68.3% en términos reales entre 1990 y 1995, mientras que el gasto de capital fundamentalmente, el que se refiere a construcciones escolares realizadas por el INFES, se multiplicó por casi 10 veces.
La evidencia es clara, a este nivel de análisis, la prioridad presupuestal se refleja en las cifras: “mas edificios anaranjados” y poca importancia a la revalorización de la profesión docente.
La inequidad es otra de las características del gasto público en educación. En los departamentos con mayor nivel de pobreza económica y educativa la inversión del estado en educación es relativamente más baja. Este es el caso de Apurímac donde existe un 82.5% de hogares con necesidades básicas insatisfechas, asimismo; el 35.8% de los alumnos de primaria no logran aprobar el año escolar; el 36.9% de pobladores mayores de 15 años manifiestan no saber ni escribir (analfabetos); y, como si fuera poco, los años de escolaridad promedio de la población alcanzan tan sólo 4.6 9 (un poco más del cuarto grado de primaria); a pesar de lo descrito, la inversión publica en educación primaria es de tan sólo 4.1 US$ por alumno al mes, lo que representa el 36% de los que se invierte en el departamento de Moquegua, teniendo en cuenta que en este ámbito las carencias también se dejan sentir.
Es evidente que la insuficiencia de recursos presupuestales tiene un impacto negativo sobre la calidad de la educación en la medida que no es posible la adquisición de material didáctico, textos y guías, papelería y cuadernería; y, útiles escolares para distribuirlos a: alumnos, docentes, aulas y centros educativos.
Una mirada a nivel micro nos da una visión clara de lo que representa la carencia de estos medios. En la USE de San Juan de Miraflores el presupuesto ejecutado en la adquisición de bienes en el presente lustro fue, en promedio, aproximadamente S/.146,000; bajo el supuesto de que todos estos recursos hubieran sido destinados a la adquisición de materiales educativos para los niños matriculados en las escuelas de la jurisdicción, que son alrededor de 20,600 en el nivel primario, tan sólo hubiese correspondido S/. 1.48 per cápita, es decir, apenas se compraría un lápiz y un cuaderno por alumno, que como sabemos es insuficiente, a pesar del aporte de los paquetes escolares distribuidos por CORDELICA.
Otro obstáculo para la mejora de la calidad de la educación – desde nuestro punto de vista el más importante -, es el deterioro de las condiciones laborales y remunerativas del docente. A la fecha (junio de 1998) el salario magisterial puede comprar tan sólo el 30% de lo que compraba en julio de 1990. Esto representa aproximadamente la tercera parte de la canasta básica de consumo. La situación económica obliga a los maestros destinar las horas que deberían dedicar a la preparación de clase y/o capacitación, a buscar opciones laborales distintas a la del magisterio que le permitan financiar parte de la canasta familiar que no cubre el salario magisterial.
¿Cómo explicar, que con tan bajo presupuesto para la educación pública, se alcance el nivel de cobertura casi universal en el nivel primario?
El aporte de las familias es fundamental para responder esta interrogante, éstas asumen directamente los costos de la manutención de sus hijos en las escuelas públicas, solventando las cuotas de las APAFAS, uniformes y libros para sus hijos. Las informaciones nos revelan que del costo total de la educación pública, el 40% lo asumen las familias y el 60% restante el estado, lo que significa que de no existir aporte de las familias, prácticamente habría que cerrar la escuela pública.
Entre los años 1996 y 1997, según informaciones preliminares, se estima que el menor crecimiento de la economía respecto de años anteriores, estaría acompañado de un decrecimiento del gasto público en educación, lo que significa que la situación del sector no a variado significativamente, es más, puede acelerarse su deterioro en el presente año, en la medida que el impacto del fenómeno del niño en nuestra economía se dejara sentir a la hora de asignar el presupuesto entre las diferentes funciones del gobierno.
Es importante tener en cuenta que, en lo fundamental se necesita aumentar el aporte del estado a la educación pública, lo contrario sería hacer más eficiente el gasto, lo que significa concentrar los recursos en la educación básica en detrimento de la universidad pública, o lo que es peor, aplicar una política de “recuperación de costos” lo que en buen castellano quiere decir que, las familias aporten más a la educación pública de lo que, como hemos visto, ya están aportando.
Publicado en: Jornada Pedagógica Nº 58. Instituto de Pedagogía Popular. Lima, julio de 1998
Comentarios
En una segunda etapa, con el primer gobierno aprista de Alan García Pérez, se agrava, al tomar el Ministerio de Educación, como su nicho de empleo para sus partidarios, copando las áreas de dirección a nivel nacional.
En una tercera etapa, con el D.L. 882 Ley de Inversión Privada en Educación, aprobado en el primer gobierno de Alberto Fujimori Fujimori, además de la existente crisis educativa publica para menores, se dio inicio al deterioro de la Educación Privada, en todos los niveles. En el sector educativo para menores, al amparo del D.L. 882, que si bien el fondo era una buena ley, en su aplicación, ante la ausencia supervisora del Ministerio de Educación y de los gobiernos locales, bajo un manto de corrupción, se cometieron excesos y abusos, autorizándose la creación y funcionamiento de colegios en casas habitación, en locales sin los parámetros mínimos que exigía y exige la Oficina Nacional de Infraestructura Educativa – OINFE, además de estar ubicadas en zonas de riesgo moral, como cercanos a hostales y cantinas entre otros, y de riego físico para los educandos, al estar ubicadas en zonas de alto tránsito vehicular.
Lamentablemente, hasta ahora los partidos políticos, los congresistas padrastros de la patria y gobernantes de turno, se mantienen de espalda a los intereses educativos de las futuras generaciones, como agentes del real cambio que requiere el Perú, para un sostenibles cambio o transformación social.