En momentos en que se discute el presupuesto para 1999 la real dimensión del gasto educativo público cobra actualidad a la luz de la de las expectativas que genera el mismo en términos de mejoras para la educación pública, y las condiciones generales de la economía que nos hacen prever, por un lado mayor inversión en infraestructura, y por otro, aumentos salariales que apenas compensarán la pérdida del poder de compra de las remuneraciones de los trabajadores de la educación (1).
Diferencia entre presupuesto y gasto
A lo largo de los últimos años hemos llegado al convencimiento que existe una confusión generalizada, respecto de lo que verdaderamente es el gasto público en educación, puesto que a la hora de poner en tela de juicio su real dimensión y hacer comparaciones con otros agregados macroeconómicos surgen discrepancias - muchas veces -, insalvables.
Sabemos que el presupuesto es tan sólo una intención de gasto, en la medida que es una previsión basada en la disponibilidad de la caja fiscal para el año siguiente. El gasto público en educación es el presupuesto que ejecutan todos los órganos del sector público que cumplen alguna labor educativa.
Históricamente se ha demostrado que lo que se presupuesta, en el caso de la educación pública, es diferente a lo que en realidad se gasta, en tanto que los eventos económicos que se suceden dentro del año determinan, en mayor o menor medida en qué, cómo y cuanto se gasta.
Generalmente se confunde el gasto público en educación con el gasto del Ministerio de Educación. El primero incluye el gasto que ejecutan, además del Ministerio, los Gobiernos regionales, las instituciones públicas descentralizadas, las universidades públicas y otros organismos que no se encuentran, desde el punto de vista de la estructura programática dentro del sector, pero que ejecutan gastos en educación, como es el caso del INFES que pertenece al Ministerio de la Presidencia.
Cuanto hay para 1999
Según cifras del proyecto de presupuesto para 1999 se espera que el estado destine a la educación alrededor de $1,753 millones, de los cuales aproximadamente el $1,369 millones, es decir el 78% será destinado al pago de planillas de trabajadores de la educación docentes y administrativos; activos y pensionistas.
Bajo el terco argumento de las cifras podemos afirmar que, descontando el pago de planillas, poco es lo que contamos para la adquisición de materiales educativos para las escuelas, asimismo, para el mantenimiento y conservación de los locales escolares recientemente inaugurados.
Cabe resaltar que del monto total presupuesto público destinado a la educación el Ministerio de educación, por palabras del mismo ministro, sólo tiene control sobre el 25% del total, esto es, maneja el presupuesto de educación del departamento de Lima; el 53% esta a cargo de los gobiernos regionales; 16% es de las instituciones públicas descentralizadas; el 2% de las universidades públicas; y el 4% restante es manejado por otros sectores.
Siguiendo el análisis anterior, la estructura del presupuesto y del gasto en educación concluye que el 51% es destinado a los niveles de inicial, primaria y secundaria, el 18% a la educación superior (universitaria y no universitaria), asimismo, el 31% es destinado a la administración y a las inversiones en infraestructura.
Falta de soporte financiero de la política educativa
Por lo anterior queda demostrado de manera concreta la falta de manejo presupuestal que sufre el ministerio de educación. Ante tal evidencia resulta hasta cierto punto comprensible la poca efectividad de política educativa del régimen, más todavía cuando en lo que va de este gobierno los distintos ministros que han ocupado la cartera de educación no han permitido la continuidad programas y proyectos.
El presupuesto, y sobre todo, el gasto público en educación es influenciado en grado extremo por las decisiones de política económica que toma el gobierno al momento de optar por alguna medida. En tal sentido es previsible que cuando el presupuesto este en la etapa de ejecución sufra modificaciones importantes como efecto de la etapa pre electoral que se vivirá a partir del próximo año.
Lo que se viene
Ante el panorama expuesto es poco lo que se espera en términos de mayores recursos del tesoro público destinados a la educación en la medida que la recesión y la consiguiente falta de liquidez de la economía lo permitan. De otro lado, los recursos de la cooperación internacional (endeudamiento externo) no representan un aporte importante en relación al presupuesto total para la educación pública (2.5%).
Es de esperarse, entonces, que las familias sigan cargando con el peso de los mayores gastos en educación. Se calcula que en 1994 (GRADE) las familias gastaban 0.8% del PBI en educación pública, en 1997 las familias pasaron a gastar el 1.2% del PBI (Pacheco y Miranda). Es decir la decisión política de no aumentar los recursos públicos destinados a la educación ha generado un aumento del 50% el gasto de las familias que tienen a sus hijos en centros educativos de gestión pública.
(1) Publicado en: Jornada Pedagógica Nº 60. Instituto de Pedagogía Popular. Lima, noviembre de 1998.
Diferencia entre presupuesto y gasto
A lo largo de los últimos años hemos llegado al convencimiento que existe una confusión generalizada, respecto de lo que verdaderamente es el gasto público en educación, puesto que a la hora de poner en tela de juicio su real dimensión y hacer comparaciones con otros agregados macroeconómicos surgen discrepancias - muchas veces -, insalvables.
Sabemos que el presupuesto es tan sólo una intención de gasto, en la medida que es una previsión basada en la disponibilidad de la caja fiscal para el año siguiente. El gasto público en educación es el presupuesto que ejecutan todos los órganos del sector público que cumplen alguna labor educativa.
Históricamente se ha demostrado que lo que se presupuesta, en el caso de la educación pública, es diferente a lo que en realidad se gasta, en tanto que los eventos económicos que se suceden dentro del año determinan, en mayor o menor medida en qué, cómo y cuanto se gasta.
Generalmente se confunde el gasto público en educación con el gasto del Ministerio de Educación. El primero incluye el gasto que ejecutan, además del Ministerio, los Gobiernos regionales, las instituciones públicas descentralizadas, las universidades públicas y otros organismos que no se encuentran, desde el punto de vista de la estructura programática dentro del sector, pero que ejecutan gastos en educación, como es el caso del INFES que pertenece al Ministerio de la Presidencia.
Cuanto hay para 1999
Según cifras del proyecto de presupuesto para 1999 se espera que el estado destine a la educación alrededor de $1,753 millones, de los cuales aproximadamente el $1,369 millones, es decir el 78% será destinado al pago de planillas de trabajadores de la educación docentes y administrativos; activos y pensionistas.
Bajo el terco argumento de las cifras podemos afirmar que, descontando el pago de planillas, poco es lo que contamos para la adquisición de materiales educativos para las escuelas, asimismo, para el mantenimiento y conservación de los locales escolares recientemente inaugurados.
Cabe resaltar que del monto total presupuesto público destinado a la educación el Ministerio de educación, por palabras del mismo ministro, sólo tiene control sobre el 25% del total, esto es, maneja el presupuesto de educación del departamento de Lima; el 53% esta a cargo de los gobiernos regionales; 16% es de las instituciones públicas descentralizadas; el 2% de las universidades públicas; y el 4% restante es manejado por otros sectores.
Siguiendo el análisis anterior, la estructura del presupuesto y del gasto en educación concluye que el 51% es destinado a los niveles de inicial, primaria y secundaria, el 18% a la educación superior (universitaria y no universitaria), asimismo, el 31% es destinado a la administración y a las inversiones en infraestructura.
Falta de soporte financiero de la política educativa
Por lo anterior queda demostrado de manera concreta la falta de manejo presupuestal que sufre el ministerio de educación. Ante tal evidencia resulta hasta cierto punto comprensible la poca efectividad de política educativa del régimen, más todavía cuando en lo que va de este gobierno los distintos ministros que han ocupado la cartera de educación no han permitido la continuidad programas y proyectos.
El presupuesto, y sobre todo, el gasto público en educación es influenciado en grado extremo por las decisiones de política económica que toma el gobierno al momento de optar por alguna medida. En tal sentido es previsible que cuando el presupuesto este en la etapa de ejecución sufra modificaciones importantes como efecto de la etapa pre electoral que se vivirá a partir del próximo año.
Lo que se viene
Ante el panorama expuesto es poco lo que se espera en términos de mayores recursos del tesoro público destinados a la educación en la medida que la recesión y la consiguiente falta de liquidez de la economía lo permitan. De otro lado, los recursos de la cooperación internacional (endeudamiento externo) no representan un aporte importante en relación al presupuesto total para la educación pública (2.5%).
Es de esperarse, entonces, que las familias sigan cargando con el peso de los mayores gastos en educación. Se calcula que en 1994 (GRADE) las familias gastaban 0.8% del PBI en educación pública, en 1997 las familias pasaron a gastar el 1.2% del PBI (Pacheco y Miranda). Es decir la decisión política de no aumentar los recursos públicos destinados a la educación ha generado un aumento del 50% el gasto de las familias que tienen a sus hijos en centros educativos de gestión pública.
(1) Publicado en: Jornada Pedagógica Nº 60. Instituto de Pedagogía Popular. Lima, noviembre de 1998.
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