La existencia de sueldos altos en la administración del Estado, ya sea en el Congreso de la República o en algunos ministerios es un tema que se ubicado en primera plana en los últimos tiempos. El problema radica en que hay pocos que ganan mucho y muchos que ganan poco. La solución más simple para superar la inequidad es reducir los sueldos de los que más ganan y asunto arreglado, sin embargo que pasa con los que menos ganan(1).Un artículo reciente nos dice que aproximadamente el 60% de los trabajadores del sector público a nivel de Lima Metropolitana gana por debajo de la canasta mínima de consumo(2) dentro, en este porcentaje se encuentran los maestros que laboran en las instituciones educativas públicas.
El sector educativo, por su naturaleza social y características de interrelación entre los sujetos, es intensivo en mano de obra. Se entiende por esto que en la escuela el factor productivo más importante es el potencial humano, fundamentalmente el maestro, quien es el que juega el rol mediador en los procesos de enseñanza y aprendizaje, independientemente del lugar en que éstos se desarrollen.
En el itinerario para lograr la calidad de la educación se atraviesa un conjunto de obstáculos, entre los cuales se ubica el bajo nivel remunerativo de los docentes. La manera como se enfrente este problema definirá, finalmente, el curso del desarrollo de la estrategia de financiamiento del gasto público en educación.
La discusión en torno a la revalorización docente no sólo gira alrededor de sus remuneraciones, sino también, respecto de la restitución de la carrera docente. Para tal efecto es importante garantizar el equilibrio entre el derecho de los estudiantes y de sus familias a proveerse de una educación que satisfaga sus necesidades de desarrollo humano, y el derecho que tienen los profesionales de la educación de contar con ingresos que le garanticen un nivel de vida decoroso, lo que implica el incremento sustancial del mínimo salarial dentro de una nueva escala de remuneraciones para la carrera docente, asimismo, que ésta se complemente con la organización de su formación continua e incentivos no monetarios.
Antes de la aplicación de cualquier medida para mejorar la situación del magisterio es necesario que, como parte de la reforma del Estado, y en el desarrollo del proceso de descentralización, se ponga en marcha una política de optimización del potencial humano con que cuenta el sector educación, para tal efecto hay que desarrollar un proceso de racionalización que implique encontrar el balance entre la oferta y la demanda de personal tanto en el área urbana, rural y urbano marginal. Luego de concluido este proceso se procede a reasignar al personal en función a la normatividad vigente a la fecha. A partir de allí es posible determinar la cantidad de plazas que es necesario cubrir mediante concurso público y proceder a su nombramiento. Finalmente, sólo en los casos que sean necesarios se contratará personal para cubrir la eventualidad de una vacancia.
Bajo estas condiciones se podrá otorgar un aumento “flat” que eleve el piso remunerativo, para de allí en adelante adoptar criterios “meritocráticos” para la mejora de los ingresos del personal que labora en las dependencias del Ministerio de Educación.
Para el logro de este propósito es importante que se una reforma tributaria integral, que a la vez que amplíe la base, considere mayor tributación a los grupos más favorecidos, en la medida que el Impuesto a las Transacciones Financieras (ITF) no garantiza un financiamiento de largo plazo. Asimismo, es importante la promulgación por parte del congreso de la Ley Orgánica de Poder Ejecutivo en donde se cristalice una profunda reforma del Estado, para de esta forma elevar la eficiencia del esfuerzo fiscal. Finalmente, un nuevo tratamiento del tema de la deuda externa que nos permita reducir el servicio de la misma sobre la base de su reperfilamiento.
Un incremento sustancial en el nivel de ingresos de la familia magisterial tendrá un impacto positivo en el mercado interno, en la medida que la mayor disponibilidad de efectivo, será destinado a gastos de consumo, fundamentalmente alimentos, en la medida que el crecimiento del PBI, en los últimos años se ha generado como resultado del crecimiento en los componentes no destinados al consumo directo de las familias (inversión y exportaciones) (3).
Al estar el sistema educativo integrado a la diversidad geográfica del país, favorece la equidad y permite que las poblaciones más alejadas se incorporen a mercado interno. Asimismo, hace posible que este mayor gasto influencie positivamente en la pequeña producción agropecuaria y comercial de los poblados más lejanos, y en un mayor dinamismo de los pequeños productores informales de las grandes ciudades.
Hay que tener en cuenta, también, que el crecimiento de los ingresos de las familias debe ser progresivo e ir a la mano con el crecimiento de los mercados regionales y locales, y sobre todo de las exportaciones, en tanto que las mayores remuneraciones pueden chocar con nuestros límites externos y producir devaluación e inflación(4), lo que a la postre traería por los suelos el intento de elevar la capacidad adquisitiva de la familia magisterial.
La bonanza macroeconómica la cual se puede comprobar mediante la lectura de la evolución positiva de la actividad productiva; las cuentas fiscales saneadas; el nivel de exportaciones creciente; la estabilidad monetaria; entre otros indicadores, no se traduce en mayor bienestar de la población, sin embargo esta situación podría ser revertida si es que se genera un “shock de demanda” a partir del incremento del gasto público en educación.
La propuesta presentada por el Consejo Nacional de Educación al Foro del Acuerdo Nacional es un suceso histórico, en la medida que pretende comprometer a la sociedad en su conjunto, representada institucionalmente, mediante el pacto social, a remontar la crisis de la educación, para tal efecto propone cuatro líneas de acción :
a) Movilización nacional por aprendizajes de calidad, priorizando la comunicación integral.
b) Estrategia de desarrollo profesional docente.
c) Financiamiento de la educación.
d) Moralización del sector.
La hoja de ruta planteada por el Sector Educación, de la misma forma, plantea entre sus líneas de acción:
a) Programa de emergencia educativa
b) Revaloración de la profesión docente
c) Pacto de compromisos recíprocos con el magisterio
d) Aplicación de la ley general de educación
e) Política pedagógica nacional
f) Descentralización
g) Transparencia
El momento de crisis que motiva estas iniciativas de la sociedad civil y del estado es, también, una oportunidad para superar los grandes problemas de la educación peruana es, entonces responsabilidad de todos los involucrados hacer fuerza para lograr este propósito.
(1) Publicado con el mismo nombre en: Instituto de Pedagogía Popular. Informe Nro 22. Abril - Mayo 2004.
(2) Humberto Campodónico. La bestia insaciable y los empleados públicos. CRISTAL DE MIRA. La República 06/04/04.
(3) Jurgen Schuldt. Bonanza macroeconómica y malestar microeconómico. Actualidad Económica del Perú.
(4) Entrevista a Javier Iguiñiz. Somos una economía dólar adicta. Quehacer Nº 146 Pg. 18-27.
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